El Supremo anula el artículo 10.b) del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima tras el recurso de Open Arms

España · Tribunal Supremo, Sala Tercera (Sección Tercera)

Nulidad de pleno derecho de la letra b) del artículo 10 del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima (Real Decreto 186/2023)

El BOE de 09/11/2026 publica el fallo de la sentencia de 08/09/2026 de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 614/2023 (identificado como 1/614/2023), interpuesto por la Fundación Proa (Pro Activa Open Arms) contra el Real Decreto 186/2023, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima. La impugnación se dirigía específicamente contra la letra b) del artículo 10 del reglamento.

La Sala estima el recurso, declara la nulidad de pleno derecho de la letra b) del artículo 10 del reglamento e impone las costas a la Administración demandada, con el límite fijado en el último fundamento de la sentencia. La anulación es, por tanto, parcial: afecta únicamente a ese precepto y el resto del reglamento no resulta afectado por el fallo. Lo publicado en el BOE es solo la parte dispositiva, por lo que no incluye los fundamentos jurídicos de la decisión. La Sala estuvo integrada por D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat (presidente), D. Eduardo Calvo Rojas, D. Diego Córdoba Castroverde, D. José Luis Gil Ibáñez, D.ª Berta María Santillán Pedrosa, D. Juan Pedro Quintana Carretero y D.ª Margarita Beladiez Rojo.

La propia sentencia ordena la publicación del fallo conforme al artículo 72.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Según ese precepto, las sentencias firmes que anulan una disposición general producen efectos generales desde el día en que se publica su fallo en el mismo diario oficial en que se publicó la disposición. El artículo 73 de la misma ley establece que la anulación de un precepto reglamentario no afecta por sí misma a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo cuando suponga la exclusión o la reducción de sanciones aún no ejecutadas completamente.

Fuente: BOE-A-2026-23386 · Sentencia de 8 de septiembre de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (recurso 614/2023) (09/11/2026)

España · BOE · Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Real Decreto 954/2026: primer reglamento general del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, con certificado de persona retornada y regulación de la política de retorno

El Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, publicado en el BOE el 09/11/2026, aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª y 2.ª de la Constitución. Según su preámbulo, la ley llevaba casi veinte años sin un reglamento de desarrollo completo, y su aplicación se apoyaba en normas parciales y dispersas. El reglamento consta de 105 artículos, distribuidos en un título preliminar y cuatro títulos más, y regula las siguientes materias: participación (Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Consejos de Residentes Españoles), prestaciones y derechos sociales, política de retorno, y coordinación administrativa y administración electrónica.

Entre las novedades destaca la definición de retorno, entendido como el traslado de una persona de nacionalidad española de origen a España para residir en ella con carácter definitivo, que se acredita con un certificado de empadronamiento histórico. También se crea el certificado de persona española retornada (artículos 5 a 10). Para obtenerlo se exige haber estado inscrito al menos 12 meses en el Registro de Matrícula Consular antes de la baja consular. El certificado lo expide la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, que debe resolver en un plazo máximo de tres meses. Este certificado da acceso a las medidas de retorno y a una nueva ayuda económica para el retorno de personas de nacionalidad española de origen en situación de vulnerabilidad económica. La ayuda está prevista en la disposición final primera del reglamento y se configura como subvención de concesión directa. El título III regula por primera vez con carácter general la política de retorno, y el artículo 4 incluye actuaciones específicas en favor de las víctimas españolas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior.

En materia de prestaciones, la «prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior» pasa a denominarse «prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años»; las referencias normativas a la antigua denominación se entenderán hechas a la nueva. La disposición derogatoria única deroga el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, salvo su artículo 26, así como el Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, y el Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre. Además, deja sin efecto cuatro resoluciones de desarrollo dictadas en 2008, 2009 y 2017.

Las solicitudes y los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor se tramitan conforme a la normativa vigente cuando se presentaron. Los Consejos de Residentes Españoles ya constituidos continúan funcionando, y el mandato de sus miembros y el de los miembros del Consejo General se prorroga hasta su renovación. Los convenios de asistencia sanitaria vigentes se mantienen salvo denuncia expresa. Quienes tuvieran reconocida asistencia sanitaria al amparo del artículo 21.3 del Real Decreto 8/2008 la conservan mientras sigan cumpliendo los requisitos y exista disponibilidad presupuestaria.

Fuente: BOE-A-2026-23384 · Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre (09/11/2026)

Unión Europea · Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Asunto C-395/25, Orkla Care: el parecido entre envases de productos químicos y de alimentos se valora por el aspecto general del envase

En su sentencia de 05/11/2026 (comunicado de prensa n.º 161/26), el Tribunal de Justicia responde a una cuestión prejudicial del Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, el tribunal de apelación sueco competente en asuntos territoriales y medioambientales. La petición se presentó el 13/06/2025. El litigio enfrenta a Orkla Care AB con la Agencia sueca de Productos Químicos (Kemikalieinspektionen). La empresa comercializa productos químicos, entre ellos detergentes, en envases de cartón alargados y de colores, con la parte superior plegada y tapón de rosca. Tras recibir quejas de consumidores, la Agencia prohibió comercializar nueve productos en esos envases.

La prohibición se basó en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CLP). En concreto, se aplicó su artículo 35.2, relativo a los envases de productos peligrosos que pueden inducir a error a los consumidores por su parecido con los de alimentos. El tribunal sueco preguntaba con qué criterios debe valorarse ese parecido.

El Tribunal de Justicia constata, en primer lugar, que los envases controvertidos contienen una sustancia o mezcla peligrosa para la salud. Por ello, los proveedores deben etiquetarla y envasarla conforme a las disposiciones del Reglamento CLP. En segundo lugar, señala que el Reglamento no fija criterios expresos para valorar el parecido con los envases de alimentos. Esa valoración debe atender al aspecto general del envase del producto químico y tener en cuenta todas sus características perceptibles. En el procedimiento presentó conclusiones el Abogado General Szpunar, el 18/06/2026.

El criterio afecta al diseño de envases de productos químicos de consumo en toda la Unión. Las autoridades nacionales deben valorar el envase en su conjunto, y no por elementos aislados, cuando examinen si puede confundirse con un envase alimentario. Como en toda sentencia prejudicial, corresponde al órgano jurisdiccional sueco resolver el litigio conforme a la interpretación dada.

Fuente: TJUE · Comunicado de prensa n.º 161/26 (versión española) (05/11/2026) · TJUE · Comunicado de prensa n.º 161/26 (versión sueca) (05/11/2026)

España · BOE · Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Ley 4/2026 de Castilla-La Mancha: las fianzas arrendaticias depositadas pasan a financiar políticas de vivienda y se redefine la vivienda dotacional pública

El BOE de 09/11/2026 publica la Ley 4/2026, de 7 de mayo, de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo de Castilla-La Mancha. La ley ya se había publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 92, de 18/05/2026, y entró en vigor al día siguiente de esa publicación. La inserción en el BOE no altera su vigencia.

El artículo 1 da nueva redacción a la disposición adicional tercera de la Ley 2/2002, de 7 de febrero. Los arrendadores deben depositar la fianza del artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El depósito es gratuito, no devenga intereses y tiene la consideración de ingreso de Derecho público de la Hacienda autonómica. La Consejería competente en vivienda puede disponer de hasta el 80 % del importe total depositado y debe reservar al menos el 20 % para las devoluciones. Los fondos se destinan, entre otros fines, a promover, construir y rehabilitar vivienda protegida, a actuaciones de regeneración o renovación urbana, a fomentar el alquiler y a avales y garantías públicas. Un reglamento fijará el procedimiento de depósito, gestión, devolución y control, y podrá modificar los supuestos exceptuados y el porcentaje de reserva.

El artículo 2 modifica la disposición preliminar del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Decreto Legislativo 1/2023). Por un lado, el suelo de equipamiento público residencial se define como el destinado a satisfacer necesidades temporales de vivienda. Por otro, la vivienda dotacional pública pasa a ser la construida sobre suelos públicos calificados como sistema general o local de equipamientos, sobre los que puede constituirse un derecho de superficie, una concesión u otro negocio equivalente. Estas viviendas tienen naturaleza demanial y se destinan, en régimen de tenencia temporal, a la residencia habitual de personas cuyos ingresos no les permiten acceder a una vivienda a precio de mercado. Quedan excluidos los suelos dotacionales privados y los públicos destinados a zonas verdes o espacios libres, y a estas viviendas no se les aplican las exigencias dotacionales del artículo 31.

Fuente: BOE-A-2026-23390 · Ley 4/2026, de 7 de mayo, de Castilla-La Mancha (09/11/2026)

España · BOE · Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Ley 3/2026 de Castilla-La Mancha: el régimen sancionador de consumo se adapta a la legislación básica estatal

También se publica en el BOE la Ley 3/2026, de 30 de abril, que modifica la Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. Se publicó en el DOCM n.º 88, de 12/05/2026, y entró en vigor a los tres meses de esa publicación. Su objetivo principal es ajustar el régimen sancionador autonómico al título IV del libro primero del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 24/2021.

En el plano sancionador, la ley remite a la legislación estatal básica en cuanto a principios, clasificación y graduación de infracciones y sanciones, y conserva un catálogo propio de infracciones leves (art. 140) y graves (art. 141). Las infracciones leves o graves pasan a ser graves o muy graves cuando concurre alguna de las circunstancias del artículo 143, entre ellas un volumen de facturación superior a 600.000 euros. Las empresas sancionadas por infracciones muy graves no pueden recibir ayudas autonómicas durante cuatro años desde la firmeza de la sanción. Se prevén sanciones accesorias de finalidad pedagógica, y su incumplimiento puede sancionarse con multa de 150 euros. Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años.

La reforma también afecta a otras materias. Los acuerdos de mediación o conciliación en consumo son vinculantes cuando las partes los aceptan expresamente. La solicitud de mediación o conciliación suspende o interrumpe los plazos de caducidad y prescripción de acciones, conforme a la normativa aplicable. La Junta Arbitral de Consumo se configura como órgano administrativo con presupuesto independiente. Por último, se regula la información sobre cesión de créditos y titulización. La ley no se aplica a los procedimientos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor, salvo que resulte más favorable para el presunto infractor.

Fuente: BOE-A-2026-23389 · Ley 3/2026, de 30 de abril, de Castilla-La Mancha (09/11/2026)