TJUE: la desproporción de la pena no basta, por sí sola, para denegar una orden de detención europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto el 03/11/2026 el asunto C-583/24. Según su comunicado oficial, la supuesta desproporción entre la pena impuesta y la gravedad del delito no basta, por sí sola, para denegar la ejecución de una orden de detención europea. El BOE de hoy publica, además, tres nuevas zonas de mercado residencial tensionado en el País Vasco, la apertura de negociaciones entre el Estado y la Comunidad de Madrid sobre su Ley 5/2026 y las nuevas reglas de reparto de los recursos de asilo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Unión Europea · Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Orden de detención europea: la supuesta desproporción de la pena no basta, por sí sola, para denegar la ejecución (asunto C-583/24)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el 03/11/2026 sentencia en el asunto C-583/24 (Tagu). La difundió con el comunicado de prensa n.º 154/2026, cuyo titular oficial dice: «Orden de detención europea: la supuesta desproporción entre la pena impuesta y la gravedad del delito no basta, por sí sola, para justificar la denegación de la ejecución».
La cuestión prejudicial la planteó el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 05/09/2024, en un proceso penal contra la persona identificada como «DZ». La lengua de procedimiento es el neerlandés. El tribunal neerlandés preguntaba cómo interpretar el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, relativa a la orden de detención europea, en relación con el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra la proporcionalidad de las penas. El asunto de fondo es la entrega de una persona condenada por sentencia firme a una pena mínima de prisión que se considera desproporcionada, por importar pequeñas cantidades de droga para consumo propio o sin intención de traficar.
El artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco establece que esta no modifica la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales recogidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Según el titular oficial del comunicado, el Tribunal de Justicia descarta que la mera alegación de desproporción entre la pena impuesta en el Estado emisor y la gravedad del delito sea, por sí sola, motivo suficiente para que la autoridad judicial de ejecución deniegue la entrega.
En España, la ejecución de órdenes europeas de detención se rige por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Por ello, el criterio fijado vincula a los órganos judiciales españoles cuando actúan como autoridad de ejecución y valoran alegaciones de la defensa sobre la proporcionalidad de la pena impuesta en otro Estado miembro.
A tener en cuenta
- Sentencia de 03/11/2026, asunto C-583/24, difundida con el comunicado de prensa n.º 154/2026.
- Interpreta el artículo 1.3 de la Decisión Marco 2002/584/JAI en relación con el artículo 49.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
- El comunicado oficial formula la regla con la expresión «por sí sola», referida a la supuesta desproporción de la pena.
- Afecta a los órganos judiciales españoles que actúan como autoridad de ejecución conforme a la Ley 23/2014.
Fuente: TJUE, comunicado de prensa n.º 154/2026 (asunto C-583/24) (03/11/2026)
España · BOE · Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana)
Sopela, Urduliz y Bergara, nuevas zonas de mercado residencial tensionado durante tres años
La Resolución de 29/10/2026 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, publicada en el BOE de 03/11/2026, recoge las zonas de mercado residencial tensionado declaradas en el tercer trimestre de 2026 por el procedimiento del artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El artículo 18.2.d) obliga al Ministerio a publicar esta relación cada trimestre.
Se incluyen tres municipios del País Vasco. Sopela y Urduliz fueron declarados por sendas órdenes de 27/07/2026 del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, publicadas en el BOPV n.º 154, de 14/08/2026. Bergara lo fue por Orden de 11/09/2026, publicada en el BOPV n.º 182, de 23/09/2026. En los tres casos, la vigencia es de tres años desde el día siguiente a la publicación de la resolución estatal, conforme al artículo 18.2.d) de la Ley 12/2023.
Las declaraciones fijan una definición particularizada de gran tenedor, complementaria de la general del artículo 3.k) de la Ley 12/2023. Se considera gran tenedor a la persona física o jurídica titular de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial en el municipio, excluidos en todo caso garajes y trasteros. Quedan fuera las viviendas de titularidad de las administraciones públicas, de sus entes instrumentales o de las sociedades en las que participen de forma mayoritaria.
En los tres municipios se aplica además la limitación del segundo párrafo del artículo 17.7 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos. Afecta a los contratos de arrendamiento de vivienda sobre inmuebles situados en la zona en los que no haya estado vigente ningún contrato de arrendamiento de vivienda en los últimos cinco años. En esos contratos, la renta pactada al inicio no podrá superar el límite máximo que resulte del sistema de índices de precios de referencia, según las condiciones y características de la vivienda y del edificio.
A tener en cuenta
- La resolución surte efectos desde el día siguiente a su publicación en el BOE, es decir, desde el 04/11/2026.
- La vigencia de cada zona tensionada es de tres años desde el día siguiente a la publicación de la resolución.
- En estos municipios, es gran tenedor quien sea titular de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial en el municipio.
- La resolución pone fin a la vía administrativa. Cabe recurso potestativo de reposición en un mes o recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en dos meses.
Fuente: BOE-A-2026-23088 · Resolución de 29/10/2026, de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (03/11/2026)
España · BOE · Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (Secretaría General de Coordinación Territorial)
El Estado y la Comunidad de Madrid abren negociaciones sobre la Ley 5/2026, de reconocimiento del concebido en las medidas de apoyo a la familia
El BOE de 03/11/2026 publica la Resolución de 13/10/2026 de la Secretaría General de Coordinación Territorial. La resolución da a conocer el Acuerdo de 09/10/2026 de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid sobre la Ley 5/2026, de 7 de julio, de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia en la Comunidad de Madrid.
Mediante el acuerdo, ambas Administraciones inician negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas sobre la ley y designan un grupo de trabajo que propondrá a la Comisión Bilateral la solución que proceda. El acuerdo debe comunicarse al Tribunal Constitucional a los efectos del artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, y publicarse en el BOE y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El acuerdo no concreta qué preceptos de la ley son objeto de discrepancia.
El artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional amplía de tres a nueve meses, desde la publicación de la ley, el plazo para interponer recurso de inconstitucionalidad cuando la Comisión Bilateral acuerda iniciar negociaciones y ese acuerdo se comunica al Tribunal y se publica. Este mecanismo permite buscar una solución negociada antes de acudir a la vía jurisdiccional.
A tener en cuenta
- El acuerdo es de 09/10/2026 y se ha publicado en el BOE de 03/11/2026.
- Con este acuerdo, el plazo para recurrir la Ley 5/2026 de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional pasa a ser de nueve meses desde su publicación.
- La ley sigue vigente mientras duren las negociaciones.
Fuente: BOE-A-2026-23085 · Resolución de 13/10/2026, de la Secretaría General de Coordinación Territorial (03/11/2026)
España · BOE · Consejo General del Poder Judicial
La Audiencia Nacional modifica el reparto de los recursos de asilo y apatridia ante la previsión de un aumento de asuntos procedentes de Ceuta
El BOE de 03/11/2026 publica el Acuerdo de 20/10/2026 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Este acuerdo hace público el adoptado el 29/09/2026 por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que modifica las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Según el texto, el cambio responde a la necesidad de atender la entrada de múltiples asuntos de protección internacional derivada de la situación generada en Ceuta.
La nueva redacción del apartado 2.6 de la regla segunda distribuye entre todas las secciones de la Sala los recursos en materia de asilo y apatridia, salvo los de inadmisión a trámite de solicitudes. El reparto se hace por meses consecutivos: a cada sección le corresponden los recursos registrados en el mes natural que le toque. Los asuntos que entren en agosto se reparten por un criterio objetivo que garantice una distribución igualitaria entre las secciones.
El reparto incluye tres tipos de recursos. En primer lugar, los recursos contra la inactividad de la Administración ante el requerimiento a la Oficina de Asilo para que se documente al recurrente como solicitante de protección internacional. En segundo lugar, los recursos por falta de respuesta del Ministerio del Interior a la solicitud de cita previa para formalizar la petición de protección internacional. Por último, los recursos contra resoluciones de los embajadores de España sobre demandantes de asilo y su traslado a España.
El nuevo apartado 6.2 permite un reparto distinto, durante un periodo delimitado, cuando concurran circunstancias excepcionales. Existen cuando se produzca, o se prevea fundadamente, una entrada de asuntos numéricamente relevante que impida el reparto mensual normal. En ese caso, a iniciativa de uno o más presidentes de sección y oídos los presidentes de sección, el presidente de la Sala puede fijar un reparto basado en el número de asuntos y no en el tiempo. Ese acuerdo se comunica de inmediato a la Sala de Gobierno.
A tener en cuenta
- Las nuevas normas rigen desde su aprobación por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional el 29/09/2026, sin perjuicio del control de legalidad del CGPJ.
- Afectan a los recursos contencioso-administrativos en materia de asilo y apatridia, salvo los de inadmisión a trámite.
- En situaciones excepcionales, el reparto podrá hacerse por número de asuntos mediante acuerdo del presidente de la Sala.
Fuente: BOE-A-2026-23065 · Acuerdo de 20/10/2026, de la Comisión Permanente del CGPJ (03/11/2026)
Derecho penal · Derecho de la Unión Europea · Vivienda y arrendamientos urbanos · Derecho constitucional · Protección internacional · Derecho procesal
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